No, México no es uno de los países más endeudados del mundo, como se ha dicho en algunos medios.
Esa aseveración parte del análisis de una variable nominal: el valor total de la deuda externa, pública y privada, que en México es de 453 mil 548 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2019. de acuerdo a las Estadísticas de Deuda Internacional del Banco Mundial.
Sin embargo, el consenso de analistas que participa en los mercados, de los oficiales de política económica y de la academia coincide en que la medida más efectiva para evaluar la capacidad de pago de un país y el efecto de los pasivos en el cuadro macroeconómico general reside en la variable de deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB).
Es verdad que, para el caso mexicano, el saldo histórico de los requisitos financieros del sector público en relación al PIB se ha elevado considerablemente en la última década, producto de la implementación de una agresiva política fiscal contracíclica utilizada para neutralizar la recesión de 2009. Según datos de la OCDE, la deuda pública de México pasó de 31% del PIB en el 2010 a 53% del PIB en el 2017, año en el que se alcanzó un punto máximo en el periodo posterior a la crisis.
Entre los países de la OCDE, México representa la novena economía con la menor carga de deuda pública relativa.
Dicho esto, la publicación del reporte anual de las Estadísticas de Deuda Internacional del Banco Mundial ofrece información relevante para entender la composición de los pasivos de la economía mexicana.
De los 453 mil 548 millones de dólares de deuda externa, 388 mil millones de dólares corresponden a pasivos de largo plazo, de los cuales 295 mil millones de dólares son deuda pública y 93 mil millones de dólares, deuda privada.
Otro dato importante: el año pasado se realizaron pagos de intereses por 22,873 millones de dólares, alrededor del 5% de la deuda nominal total.
Aún y cuando los pasivos nominales crecieron 84.2% entre el 2010 y el 2018, la calificación crediticia mexicana y la prima de riesgo de los activos de deuda soberana sugieren que un escenario de default sigue siendo un riesgo de baja probabilidad para el caso de México.
En las últimas dos décadas, la Secretaría de Hacienda ha privilegiado una política de corte ortodoxo, cuyo principal objetivo ha sido el de salvaguardar la estabilidad macroeconómica.
Además, la literatura sugiere que la autonomía otorgada al Banco de México (con un mandato único de inflación controlada) ha sido un factor preponderante en la realización de esta meta.
Después de la suspensión de pagos de 1982 y de 1994, el país entendió que tenía que jugar seguro. Y eso implicó controlar la dinámica de la deuda pública. Hasta ahora, según lo descrito por la encuesta mensual de expectativas económicas que realiza el banco central a especialistas del sector privado, el nivel relativo de pasivos no representa una preocupación primaria para el mercado ni para los oficiales de política económica.
