En la primer semana de junio, México presentó una salida de flujos financieros de 1,424 millones de dólares, de acuerdo a cifras de Banco de México. Luigi Zingales, profesor de Finanzas de la Universidad de Chicago y director del Centro Stigler para el Estudio de la Economía y el Estado, argumenta que el mercado de capitales puede ser utilizado como instrumento de presión política. “En el siglo XX, cuando los resultados electorales no complacían a las élites establecidas y a sus aliados internacionales, los tanques circulaban por las calles”, escribió en la revista Foreign Policy en mayo del año pasado. “En el siglo XXI, la reacción es menos sangrienta, pero no menos intrusiva; en vez de tanques, usan el mercado de bonos”, sentenció.
Esta analogía es aplicable para el caso mexicano; no porque exista una agenda contraria a los esfuerzos del orden político actual, sino en el sentido de que la dinámica del mercado de capitales de México cuenta con un fuerte componente cualitativo. De acuerdo a datos presentados por el Banco de México, los bonos de deuda soberana mexicana de largo plazo cuentan con un nivel de riesgo, medido por los puntos base de las permutas de intercambio crediticio (CDS, por sus siglas en inglés), muy por encima del de otros instrumentos de renta fija soberana con la misma calificación crediticia.
Recientemente, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, presentó una gráfica en la que se observa que la prima de riesgo de los bonos soberanos mexicanos comenzó a elevarse notablemente por encima del de sus contrapartes de Chile, Perú, Colombia y Brasil desde el 2016. Esta dinámica contrasta con el hecho de que, a excepción de Chile, México cuenta con una calificación crediticia superior a la de el resto de los activos de renta fija en América Latina.
Esto hace eco en lo que explicó Javier Guzmán Calafell, subgobernador de Banco de México, en una conferencia a principios de junio: dos de los elementos más importantes en el balance de riesgos de la economía mexicana son “la debilidad del marco institucional y la orientación de políticas públicas en diversos ámbitos”.
Estas condiciones cualitativas, sumadas a variables como el retraso en la aprobación del T-MEC, el deterioro de la situación financiera de Pemex, el reto de cumplir la expectativa de registrar un superávit fiscal primario o las débiles perspectivas de crecimiento, definieron el contexto de lo que sucedió en los primeros diez días de junio.
El periodo en el que se registró esta caída en la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes en el extranjero coincidió con dos eventos de primera relevancia para la formación de expectativas en el mercado de renta fija mexicana: la amenaza de la administración de Donald Trump de implementar una tarifa generalizada y progresiva a las exportaciones mexicanas,
así como la decisión de Fitch de reducir la calificación soberana de México a BBB y de retirar a Pemex el grado de inversión.
La rigidez de las condiciones financieras mexicanas denota una actitud restrictiva de parte de los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México. “Todo lo anterior (el escenario macroeconómico) subraya la necesidad de mantener una postura de política monetaria firma”, aseguró el subgobernador Guzmán Calafell.
