Hace un par de semanas, Bloomberg reportó que los títulos de valor de las principales empresas chinas de educación se hundieron ante los temores de que las autoridades les ordenarán convertirse en organizaciones sin ánimo de lucro.
Y sucedió.
De acuerdo con el economista Arne Severijns, durante el fin de semana, China anunció la reforma a la educación privada para evitar que las compañías del sector tengan ganancias.
Anteriormente, el gobierno había empezado una serie de regulaciones antimonopólicas contra el sector tecnológico, con fuertes sanciones para empresas como Alibaba y Didi.
Según nuevas reglas publicadas por el gobierno chino, las empresas de apoyo escolar deberán a partir de ahora registrarse como asociaciones sin fines de lucro y ya no podrán impartir clase los fines de semana y días feriados ni durante las vacaciones escolares.
La industria de los cursos de refuerzo y de preparación de exámenes es un sector muy jugoso en China, cuyo sistema de enseñanza es especialmente competitivo y elitista.
En aquel país la obsesión por el éxito académico no es casualidad.
Obtener buenas calificaciones es la llave de sus destinos. Solo los mejores pueden acceder a las mejores universidades del país, y desde ahí, optar a un codiciado permiso de residencia en alguna de las principales ciudades del país.
La educación configura un sistema sociopolítico basado en la meritocracia, el que más estudia más posibilidades tiene de obtener uno de los escasos y muy demandados espacios de influencia.
El mejor, se convierte en modelo social.
Para lograrlo, los padres chinos suelen gastar grandes sumas de dinero en las actividades de refuerzo escolar, lo que dio lugar al nacimiento de verdaderos gigantes en el sector educativo.
Tanto, que algunas de esas empresas cotizan incluso en la bolsa de Estados Unidos y el Sistema Internacional de Cotizaciones.
En 2018, el sector tenía un valor de 260 mil millones de dólares, según la consultora L.E.K. Consulting.
Así, las nuevas medidas de las autoridades chinas pretenden no solo aliviar la sobrecarga de trabajo de los jóvenes estudiantes, si no también la presión financiera de sus padres.
Sin embargo, de acuerdo con Severijns, adicionalmente, las intervenciones del Estado pueden provocar salidas de capitales extranjeros, conforme la confianza de los inversionistas se deteriore.
