Aeroméxico está enfrentando la peor crisis de su historia: la presión de liquidez, derivada de una contracción sin precedente de la demanda de vuelos por la crisis económica del Covid-19, orilló a la mayor aerolínea mexicana a acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos.
Un juez federal ha dado el visto bueno para que la compañía mantenga el pago a empleados y proveedores y a que redima sus compromisos de viaje con los clientes.
La aerolínea inició un proceso de reestructura que tiene como primera prioridad asegurar nuevas fuentes de financiamiento. La caída en el precio de la acción, que descendió 65.7% inmediatamente después del anuncio de bancarrota, denota la gravedad de la situación.
“Tenemos que prepararnos para el peor escenario y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Andrés Conesa, quién ha sido director general de Aeroméxico desde el 2005.
En ese sentido, el acuerdo que la aerolínea firmó con su socio PLM Premier adquiere mayor relevancia. Aeroméxico extendió el plazo de un convenio comercial con la firma que opera su programa de lealtad Club Premier, el cual estipula un crédito por 100 millones de dólares garantizado por la participación accionaria de la firma que dirige Andrés Conesa en PLM Premier.
El abanico de alternativas para garantizar la liquidez de la firma es limitado. Standard and Poor’s rebajó la calificación crediticia de Aeroméxico desde un nivel -B al escalón D, de grado especulativo. La agencia estima que la aerolínea operará al 40% de su capacidad al finalizar el año. El propio Andrés Conesa ha sido enfático en la necesidad de recortar el número de vuelos y de poner aviones en tierra.
Fuente: VectorAnálisis
Redacción: Staff e-Vector
